¿POR QUE SE MANTIENE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES?

La violencia de Género y sus múltiples manifestaciones se han convertido en un grave problema que afecta todas las esferas de nuestra sociedad, su magnitud es tal que requiere que el Estado realice un trabajo cotidiano y constante para prevenir, sancionar y reparar las secuelas que esta produce. En nuestro país a lo largo de los últimos años se han implementado diversos servicios de atención y prevención de la violencia familiar, servicios que se caracterizan por tener una intervención interdisciplinaria (abogados/as, psicólogos/as, trabajadores/as sociales), ofrecen patrocinio legal, apoyo psicológico y social. Pese a estos esfuerzos el número de casos de violencia de género y específicamente la violencia de pareja continua en aumento, no solo en número sino también en intensidad, es así que el feminicidio, que es la manifestación más extrema de la violencia contra la mujer, es un fenómeno que se presenta a lo largo de todo el país.

Desde el año 2009 en el Perú se cuenta con dos registros oficiales de Feminicidio, esta de un lado el registro a cargo del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público y de otro lado el Registro del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Publico reporta que en nuestro país desde el año 2009 hasta octubre del 2015 un total de 795 mujeres fue víctima de feminicidio, de ese grupo 622 mujeres fueron asesinadas por su parejas o exparejas y 90 fueron asesinadas por miembros de su familia sumando en total 712 feminicidios de tipo íntimo, además 83 mujeres fueron víctimas de feminicidio no íntimo.

La mayoría de estos casos de feminicidios pudo evitarse, las víctimas antes de ser asesinadas en muchas ocasiones presentaron denuncias policiales o fiscales, pero por alguna razón estas no fueron escuchadas, ni se les dio la protección adecuada, precisamente porque no se hizo una adecuada valoración del riesgo que existía para la vida de estas mujeres, se creyó que solo eran "peleas cotidianas" o que no iban a llegar a mayores consecuencias, no obstante, ello el feminicidio se produjo. Entonces para poder prevenir e intervenir adecuadamente es imperioso valorar el riesgo de la violencia de manera objetiva y profesional, esto significa contar con herramientas que puedan dar una alerta confiable de la eminencia de un feminicidio, solo así podremos predecir la ocurrencia de este hecho con antelación, podremos evitar que otra mujer muera en nuestro país víctima de su pareja o expareja y evitar que se convierta en un dato más para las estadísticas oficiales de feminicidio.

Pese a la magnitud de la violencia hacia las mujeres, en nuestro país no existe una práctica habitual de valoración del riesgo de feminicidio, actualmente se trabaja a nivel de evaluar y atender los casos , es así que el Ministerio Público a través de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de los Centro Emergencia Mujer y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de sus Defensorías de víctimas, brindan atención gratuita a las víctimas de violencia en todas sus modalidades, estos esfuerzos son muy positivos, no obstante ello consideramos que es de gran importancia que se incorpore la valoración de riesgo a través instrumentos adaptados a nuestra realidad, que faciliten que los profesionales que intervienen en la atención de la violencia puedan realizar una valoración adecuada del riesgo de feminicidio de cada víctima de violencia que atiendan de tal manera que tengan una intervención más efectiva.

Es importante precisar que si bien los servicios antes mencionados brindan atención gratuita e interdisciplinaria, generalmente con abogados/as, psicólogos/as y trabajadores/as sociales, y se ofrece patrocinio legal, apoyo psicológico y social, lo real es que mayormente solo brindan orientaciones no especializadas, por ejemplo UDAVIT no patrocina legalmente, solo brinda orientación legal a las víctimas, el CEM si bien debe brindar patrocinio legal en muchos casos solo brinda orientación legal no brindando un patrocinio legal real, el MINJUS si brinda patrocinio legal pero sus servicios no cubren todo el país. En relación a la atención psicológica UDAVIT brinda atención psicológica pero no realiza una intervención psicoterapéutica, el CEM solo brinda orientación psicológica, no realiza ninguna intervención psicoterapéutica, es más por lo general deriva a las víctimas en la primera cita a otros servicios, en cuanto al MINJUS, este ministerio no brinda atención psicológica a las víctimas que usan sus servicios, respecto a la intervención social UDAVIT y el CEM cuentan con trabajadores/as sociales, el MINJUS no cuenta con este personal. 

Se puede observar además que, si bien estos servicios cuentan con profesionales abogados/as, psicólogos/as y trabajadores/as sociales, estos profesionales mayormente están brindando un servicio menor al que pueden brindar, es decir sus capacidades profesionales están subutilizadas, porque si solo van a brindar orientación legal se está subutilizando las capacidades de los abogados, una orientación legal lo pude realizar un bachiller en derecho o incluso personal capacitado no abogado. En relación a psicología la situación es mucho más grave porque todos los servicios mencionados que cuentan con psicólogos/as, solo brindan "orientación psicológica" no realizando ningún tipo de intervención psicoterapéutica, es más teniendo en cuenta lo difícil que es para una víctima pedir ayuda y contar lo que le sucede a un profesional, no es posible que se subutilice las capacidades profesionales de los psicólogos/as quienes solo se quedan en una mera orientación psicológica desaprovechando la oportunidad de intervenir profesionalmente en los casos, es más la víctima que ya tomo contacto con este profesional al ser derivada en la primera cita a otros servicios psicológicos donde debe comenzar de nuevo termina siendo revictimizada. 

De lo expuesto se deduce que entre las razones por lo que los índices de violencia se mantienen esta por un lado la falta de una práctica habitual de realizar una adecuada valoración de riesgo del feminicidio, con instrumentos adecuados y adaptados a la realidad nacional y por otro lado que los servicios que brinda el Estado para atender los caso de violencia, a los cuales acuden las víctimas de violencia en cualquiera de sus modalidades no están brindando un servicio especializado sino solo brindan intervenciones primarias tales como las "orientaciones" subutilizando los recursos humanos con los que cuentan estos servicios. El hecho no pasa solo por contar con servicios interdisciplinarios sino en garantizar que estos servicios brinden realmente la atención que necesitan las víctimas de violencia, ellas no necesitan solo " orientaciones legales y psicológicas", lo que necesitan es un abogado que realmente patrocine su caso en todas las instancias y un psicólogo que realmente trabaje con ella sus temores, dudas, ideas erróneas que mantienen su dependencia emocional hacia los victimarios, lo que se logra solo con una intervención psicoterapéutica.

El estado invierte en la contratación de los profesionales de estos servicios por lo que debe garantizar que estos brinden una atención con una adecuada valoración de riesgo y sea realmente especializada, si hay necesidad de cambiar alguna normativa para que ello suceda, es su obligación realizarla, no es posible que todos los servicios que cuentan con psicólogos/as (CEM, UDAVIT, DEMUNA) se limiten a brindar " orientaciones psicológicas" aduciendo que la psicoterapia le corresponde solo al MINSA, el Estado no puede desperdiciar los recursos humanos con los que cuenta en sus servicios por esta limitada forma de organizarlos, más aún si con ello perjudica a las víctimas de violencia que se ven privadas de una atención especializada.