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martes, 7 de mayo de 2013

VICTIMAS DE VIOLENCIA: Dificultades y propuestas desde la experiencia empírica.


En la actualidad en el Perú, los casos de violencia familiar y sexual vienen siendo abordados de manera intersectorial, siendo los actores intervinientes entidades del estado que respondiendo a los compromisos internacionales buscan en forma conjunta dar una respuesta rápida, eficiente y efectiva en los casos de violencia reportados. Sin embargo, pese a los propósitos de brindar un acceso a la justicia oportuno y de calidad, lo real es que una víctima de violencia tiene que transitar por una ruta de atención interinstitucional larga y complicada. La victima inicia su proceso formulando una denuncia verbal o escrita en la Comisaria, o Fiscalía, se inicia la investigación para lo que la víctima deberá someterse a los exámenes médicos legistas correspondientes en el Instituto de Medicina Legal, con los resultados, las manifestaciones correspondientes, se determinará el tipo de violencia de la que es víctima y la Fiscalía le otorgará las medidas de protección correspondiente, posteriormente estas medidas deberán ser confirmadas o revocadas por el Juzgado de familia. El recorrido de la víctima por estas diversas instituciones distantes unas de otras, con personal con diferente nivel de sensibilidad, se convierte en una travesía larga, onerosa que tiene como común denominador la revictimización constante, lo que lleva que la gran mayoría de víctimas abandonen sus denuncias.
Dificultades observadas durante la atención de las víctimas de violencia:
a) No existe un ingreso único para los Casos:
Las personas acuden a diversos servicios de instituciones públicas y privadas existiendo muchas veces la creencia errónea que al manifestar su caso ya están “denunciándolo” sin tomar en cuenta que la denuncia solo es tal cuando se realiza ante la comisaria o fiscalía. No existe por tanto “denuncia” en la DEMUNA, CEM, ONGS porque estas instancias no tienen la titularidad de la investigación no estando facultadas para ello. Es necesario por lo tanto que se clarifique la función de cada institución que participa en la ruta de atención para evitar duplicidad en la intervención.
b)  Saturación en la solicitud de las pruebas (reconocimiento médico legista y pericia psicológica)
Se observa que cuando una usuaria acude denunciando maltrato físico, quien toma la denuncia solicita el Reconocimiento Médico Legal correspondiente y además solicita una pericia psicológica, esta práctica habitual genera dilación en el proceso de la denuncia porque el resultado del RML se da el mismo día pero por la naturaleza de la evaluación psicológica el resultado de la pericia psicológica puede tardar un mínimo de 15 días a más.
La cuestión en debate es que si el  caso es de violencia  física, victima con hematomas visibles, golpes, laceraciones, daños que serán evaluados por el médico legista y plasmados en  el RML   ¿ es necesario pedir una pericia psicológica para probar el  hecho de violencia? si dejamos esta práctica habitual se daría más  celeridad al proceso  si solo se tramita con el resultado del RML y  se deja la pericia psicológica únicamente para los casos de maltrato psicológico y la vez no se saturaría innecesariamente al área de pericia psicológica de medicina legal.
En los casos de Delito contra la libertad sexual es necesario generalizar el uso de la cámara Gesell con una ampliación de sesiones para que el resultado sea óptimo sin caer en la revictimización de las víctimas.
c) Pruebas solicitadas no llegan a instancias de investigación
Se ha observado que en muchas ocasiones los resultados de RML y pericias psicológicas se encuentran disponibles, pero no llegan a la Comisaria solicitante, hecho por el cual la investigación no avanza e incluso puede archivarse. Se aduce que no hay personal para que lo lleve a su destino, por lo que es necesario definir de quien es la responsabilidad de su traslado ¿a Medicina Legal o a las Comisarias?
d) Casos de Violencia Familiar con contenido Tutelar
Es cotidiano observar que los casos de violencia familiar adicionalmente llevan consigo materia tutelar, por el incumplimiento de funciones de los padres o cuidadores, en estos casos el proceso de denuncia por violencia familiar sigue su trámite normalmente pero no se actúa en materia tutelar por lo que los niños continúan en condición de negligencia o abandono lo que los expone a nuevas situaciones de maltrato e incluso riesgo de abuso sexual. Existe la Dirección de Investigación tutelar (DIT) que es la encargada de asumir este tipo de investigación, pero ellos no actúan aduciendo que quien debe iniciar el proceso tutelar es la Fiscalía y la Fiscalía afirma que el ente obligado a ello es la Dirección de Investigación Tutelar, ante esta situación en algunas ocasiones el caso queda en suspenso sin tener una respuesta que logre proteger a los menores en cuestión. De las experiencias previas se ha observado que la colocación familiar temporal a través de la Fiscalía es una medida efectiva que logra proteger al niño, niña o adolescente   mientras se realice la investigación tutelar para una colocación definitiva. Se debe explorar la posibilidad de imponer a los padres que entreguen una aportación económica hacia el familiar que asumirá la colocación familiar e incluso si el niño, niña o adolescente es internado en una institución los padres deberían otorgar una pensión para sus hijos tal sucede en países centro americanos.
e) Madre no apoya en la denuncia por Delito contra la libertad sexual por el contrario apoya al agresor sexual.
Esta situación está siendo cada día más frecuente, se observa el siguiente comportamiento en algunas madres de niños y niñas y adolescentes abusadas sexualmente:
No lleva a la víctima a Cámara Gesell impidiendo con esta acción que la víctima declare sobre el abuso sufrido.
Influye sobre la victima para que niegue los hechos de abuso sexual
Se niega a recibir las notificaciones
Sigue viviendo con el agresor y obliga a la víctima que también lo haga
Permite las visitas del agresor o los deja salir sin compañía
Lleva a la víctima al centro penitenciario para que visite al agresor.
Contrata un abogado para que defienda al agresor y cambia su domicilio para no recibir las notificaciones.
Todos estos comportamientos disfuncionales de la madre interfieren con la administración de Justicia por lo que es necesario tomar medidas para que no continúen perpetuando la impunidad. Es necesario explorar la posibilidad de denunciar a la madre por encubrimiento, realizar una colocación familiar temporal de la víctima con familiares funcionales, evaluar la posibilidad de la suspensión de la patria potestad de la madre entre otras medidas.
f) Inexistencia de un Registro Único de Violencia familiar y Sexual
En la actualidad cada una de las instituciones involucradas en la atención de Violencia Familiar y sexual tiene un Registro de casos, es así que tenemos que el Ministerio del Interior, Fiscalía, el CEM, Medicina Legal, el MINSA y la DEMUNA tienen su propio Registro de casos, con parámetros e indicadores diferentes y que finalmente nos da como resultados que cada institución da una cifra diferente sobre el número de víctimas existentes a nivel nacional y en cada jurisdicción en particular.
Con este tipo de registro aislado lo que se obtiene es cifras que son disimiles ignorándose actualmente cual es el número real de víctimas porque puede ser que haya un subregistro o un sobre dimensionamiento de las mismas.
Se busca ir hacia un Registro Único de Víctimas de Violencia familiar y sexual utilizado por todas las instituciones que intervienen en la atención de este tipo de casos.
g) Inexistencia de centros de atención intersectoriales ubicados en un mismo lugar.
Las víctimas de violencia familiar y sexual cuando inician un proceso de denuncia tienen que recorrer varias instancias tales como: comisaria, medicina legal, fiscalía, juzgados, CEM, centro de Salud; estas instituciones se encuentran distantes unas de otras, por lo que las víctimas tienen que desplazarse de un lugar a otro con el consiguiente gasto de tiempo y dinero. Si tenemos en cuenta que muchas personas víctimas de violencia no disponen de recursos económicos para pagar el trasporte en micro o taxi de un lugar a otro durante varios días o meses que dura el proceso, es conveniente que todos los servicios integrantes de la ruta crítica de atención a la violencia estén ubicados en un mismo espacio geográfico. Una experiencia de un modelo de atención intersectorial y el único existente, es el que funciona en el primer piso del Ministerio de la Mujer, esta experiencia lamentablemente no se ha replicado, pero es recomendable que se orienten los esfuerzos institucionales para este a fin.
Finalmente consideramos, que se debe trabajar de manera sinérgica, sin duplicar esfuerzos, para que la atención de los casos de violencia familiar y sexual sea realmente eficaz y no revictimizante, de lo contrario el abandono de las denuncias por parte de las víctimas, la pérdida de confianza en la justicia y la impunidad se irán incrementado



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